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La ejecución de contratos con entidades de orden público o que se gestionan con recursos públicos conllevan riesgos y otras responsabilidades de carácter disciplinario, fiscal o penal que deben ser asumidas por el ejecutor del contrato. La asesoría jurídica durante la ejecución del contrato y hasta su liquidación mitiga los anteriores riesgos y encamina la gestión para garantizar la debida ejecución y cumplimiento del contrato, la cual también tiene objetivo prevenir controversias contractuales.