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octubre 28, 2015
Modificación Manual Procedimientos Régimen Contabilidad Pública
noviembre 12, 2015
Las deficiencias del sistema tributario en Colombia urgen una reforma integral que reduzca los niveles de evasión y elusión, pues el modelo actual castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial. El primer informe de la comisión de expertos nombrada por el Gobierno muestra un panorama de inequidad.
Los tributos en Colombia son demasiado elevados, en comparación con otros países, y el recaudo real no alcanza a cubrir las obligaciones e inversiones del Estado, debido a las altas exenciones, deducciones, regímenes especiales y demás beneficios, así como a la evasión y la elusión.Esta es una parte del diagnóstico de los nueve especialistas integrantes de la Comisión de Expertos ad honórem, designados por el Gobierno para estudiar las reformas que se deben hacer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
Dicha comisión también deberá analizar los beneficios tributarios existentes y las razones que los justifican, el régimen del impuesto sobre las ventas y el aplicable a impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial, con el objeto de proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a que el sistema tributario sea más equitativo y eficiente.
Algunas de las deficiencias del sistema tributario en Colombia se explican porque en la mayoría de las reformas, en lugar de mejorar los impuestos, como renta, IVA, predial, contribuciones a la seguridad social y demás, se han establecido otros originados por los estados excepcionales de emergencia económica, como el de gravamen a los movimientos financieros (GMF) en 1998 y el impuesto al patrimonio en 2002, que se han mantenido con carácter permanente y han sido fuentes de financiación del gasto público, pero han afectado la inversión y la bancarización.
La tributación actual en Colombia es insuficiente en materia de recaudo. Habría que disminuir los gastos públicos que no cumplan criterios de aumento de la equidad ni principios de eficiencia y control, característicos de un sistema fiscal exitoso, que está siendo subsidiado con otros ingresos, como las utilidades de Ecopetrol, que ha generado en los últimos años, entre impuestos de renta, el impuesto sobre la renta para la equidad (cree) y dividendos, más del 15 % de los ingresos de la Nación.
El sistema tributario colombiano castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial, porque se reducen las reglas de inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
Impuestos antitécnicos
La principal causa que afecta la estructura tributaria y la inversión es la presencia de impuestos antitécnicos, como el de riqueza-patrimonio, el de transacciones financieras, el de ICA, el nominal sobre utilidades, el CREE y el de la renta, pues llegan a ser más altos que en cualquier otro país de la región.
Este sistema tributario también es altamente complicado, lo que genera dificultades y altos costos para su correcta administración y cumplimiento por parte de los contribuyentes, y para su fiscalización y recolección por parte de la DIAN. Ello se debe al complejo estatuto tributario vigente, plagado de imprecisiones y que no ofrece la certeza y el marco de seguridad necesarios para adelantar las transacciones. Así se originan frecuentes conflictos jurídicos, contables y financieros en su aplicabilidad, cuyos resultados, después de varios años de controversias, demandas y contrademandas, es imprevisible. Lo correcto es tener una mayor capacidad de servicio a los contribuyentes y un control efectivo por parte de la DIAN, con el fin de reducir la evasión y elusión tributarias.
La reforma tributaria del 2012, aunque introdujo mejoras importantes, como la eliminación parcial de la carga parafiscal sobre las empresas y la creación del CREE, no ha logrado el recaudo esperado. A esto se suma el grave problema de la credibilidad y realidad contable de las empresas en Colombia cuando rinden cuentas a través de sus impuestos, ya que a nadie le gusta pagarlos.
Además, hay que considerar que la reforma del 2014 planteó sustituir temporalmente la caída prevista en el recaudo por la adición del impuesto al patrimonio o riqueza y el GMF, debido a la disminución en los precios del petróleo, que no se han podido equilibrar totalmente con esta reforma.
Otro problema es la alta complejidad y el difícil manejo del sistema de retenciones en los impuestos de renta, los salarios, el CREE y el IVA, lo que dificulta su administración y control.
En el caso del IVA, se adiciona con la existencia de un régimen simplificado y genera incentivos a la evasión, pues proliferan facturas de muchas operaciones ficticias, entre agentes del régimen ordinario y simplificado, que dan lugar a indebidos descuentos del impuesto.
Es de advertir que en el presupuesto de la Nación de este año no se contemplan los nuevos recursos para atender los gastos asociados al discutido plan nacional de desarrollo, a la reforma de la salud, las mejoras propuestas en calidad de educación, la protección de la primera infancia, una mayor inversión en el campo, provisión de recursos para apoyar la vejez, posconflicto, vías de cuarta generación, el metro de Bogotá, entre otros.
Diferencias de recaudos
Otro tema vital a revisar son los impuestos relacionados con la protección del medioambiente, los cuales son bajos, ya que las dos terceras partes provienen del uso de energía, que incluye el impuesto a los combustibles. El resto corresponden a los que genera la propiedad de automotores, que también afecta las finanzas de la Nación.
El tratamiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro que se originan en la iniciativa privada para contribuir al interés general también ha sido analizado por la Comisión. Esta actividad la desarrollan personas que conforman la entidad o quien las crea, según su naturaleza. También se les denomina del tercer sector, pues no pertenecen al público ni al privado lucrativo y proporcionan bienes y servicios a la sociedad sin un fin de rentabilidad, por lo cual no se les ubica ni en el mercado ni en el Estado.
La misión también evalúa la estructura de ingresos de los gobiernos regionales, que tiene una importante influencia en el proceso de descentralización y que se ha profundizado con las regalías mineroenergéticas. Estas benefician hoy en un 100 % a los entes territoriales, pues las transferencias de la Nación a los departamentos y municipios representan cerca de la mitad de sus ingresos totales.
El impuesto predial unificado, otro tema a revisar, tiene variadas falencias en su diseño y operatividad. La primera es la elevada heterogeneidad en criterios para fijar parámetros del tributo dentro de los rangos permitidos por la ley; la segunda está compuesta por las dificultades metodológicas y operativas para mantener un catastro actualizado; y la tercera incluye las diferencias de recaudo y fiscalización entre municipios.
Desde hace muchos años se han hecho esfuerzos continuos para una verdadera reforma tributaria, pero no ha sido posible lograrla. La esperanza es originar un nuevo futuro tributario, que administre y controle los ingresos, gastos e inversiones del país.
Los hechos muestran que se requieren cambios urgentes para llegar a una positiva gestión tributaria, que no dependa de la subordinación de las fuentes de los ingresos petroleros, por lo cual el Estado debe apoyarse en la aplicabilidad de las ciencias administrativas, contables, económicas, las ingenierías y sus diferentes herramientas técnicas y científicas.
Por ejemplo, es ilógico que se tengan que manejar dos contabilidades en las empresas, una tributaria y una de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las normas de aseguramiento y control.
Esta comisión deberá considerar tales temas con la participación de profesionales de distintas áreas, pero especialmente de la contaduría pública colombiana, buscando consensos que faciliten la aprobación de esta urgente reforma basada en una efectiva administración y en el manejo adecuado de las finanzas y con los controles requeridos, que deberán ser vigilados por todos los colombianos.
POR: LUIS CARLOS BELTRÁN PARDO,
La reforma tributaria no acepta más evasiones
Las deficiencias del sistema tributario en Colombia urgen una reforma integral que reduzca los niveles de evasión y elusión, pues el modelo actual castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial. El primer informe de la comisión de expertos nombrada por el Gobierno muestra un panorama de inequidad.
Los tributos en Colombia son demasiado elevados, en comparación con otros países, y el recaudo real no alcanza a cubrir las obligaciones e inversiones del Estado, debido a las altas exenciones, deducciones, regímenes especiales y demás beneficios, así como a la evasión y la elusión.
Esta es una parte del diagnóstico de los nueve especialistas integrantes de la Comisión de Expertos ad honórem, designados por el Gobierno para estudiar las reformas que se deben hacer al régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y complementarios, aplicable a las entidades sin ánimo de lucro.
Dicha comisión también deberá analizar los beneficios tributarios existentes y las razones que los justifican, el régimen del impuesto sobre las ventas y el aplicable a impuestos, tasas y contribuciones de carácter territorial, con el objeto de proponer reformas orientadas a combatir la evasión y elusión fiscales y a que el sistema tributario sea más equitativo y eficiente.
Algunas de las deficiencias del sistema tributario en Colombia se explican porque en la mayoría de las reformas, en lugar de mejorar los impuestos, como renta, IVA, predial, contribuciones a la seguridad social y demás, se han establecido otros originados por los estados excepcionales de emergencia económica, como el de gravamen a los movimientos financieros (GMF) en 1998 y el impuesto al patrimonio en 2002, que se han mantenido con carácter permanente y han sido fuentes de financiación del gasto público, pero han afectado la inversión y la bancarización.
La tributación actual en Colombia es insuficiente en materia de recaudo. Habría que disminuir los gastos públicos que no cumplan criterios de aumento de la equidad ni principios de eficiencia y control, característicos de un sistema fiscal exitoso, que está siendo subsidiado con otros ingresos, como las utilidades de Ecopetrol, que ha generado en los últimos años, entre impuestos de renta, el impuesto sobre la renta para la equidad (cree) y dividendos, más del 15 % de los ingresos de la Nación.
El sistema tributario colombiano castiga la eficiencia económica, la formalidad laboral y la competitividad empresarial, porque se reducen las reglas de inversión, el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
Impuestos antitécnicos
La principal causa que afecta la estructura tributaria y la inversión es la presencia de impuestos antitécnicos, como el de riqueza-patrimonio, el de transacciones financieras, el de ICA, el nominal sobre utilidades, el CREE y el de la renta, pues llegan a ser más altos que en cualquier otro país de la región.
Este sistema tributario también es altamente complicado, lo que genera dificultades y altos costos para su correcta administración y cumplimiento por parte de los contribuyentes, y para su fiscalización y recolección por parte de la DIAN. Ello se debe al complejo estatuto tributario vigente, plagado de imprecisiones y que no ofrece la certeza y el marco de seguridad necesarios para adelantar las transacciones. Así se originan frecuentes conflictos jurídicos, contables y financieros en su aplicabilidad, cuyos resultados, después de varios años de controversias, demandas y contrademandas, es imprevisible. Lo correcto es tener una mayor capacidad de servicio a los contribuyentes y un control efectivo por parte de la DIAN, con el fin de reducir la evasión y elusión tributarias.
Es urgente introducir esta reforma estructural, guiada por los principios constitucionales, financieros y contables, para alcanzar suficiente recaudo, equidad horizontal, progresividad vertical y eficiencia económica y administrativa.
La reforma tributaria del 2012, aunque introdujo mejoras importantes, como la eliminación parcial de la carga parafiscal sobre las empresas y la creación del CREE, no ha logrado el recaudo esperado. A esto se suma el grave problema de la credibilidad y realidad contable de las empresas en Colombia cuando rinden cuentas a través de sus impuestos, ya que a nadie le gusta pagarlos.
Además, hay que considerar que la reforma del 2014 planteó sustituir temporalmente la caída prevista en el recaudo por la adición del impuesto al patrimonio o riqueza y el GMF, debido a la disminución en los precios del petróleo, que no se han podido equilibrar totalmente con esta reforma.
Otro problema es la alta complejidad y el difícil manejo del sistema de retenciones en los impuestos de renta, los salarios, el CREE y el IVA, lo que dificulta su administración y control.
En el caso del IVA, se adiciona con la existencia de un régimen simplificado y genera incentivos a la evasión, pues proliferan facturas de muchas operaciones ficticias, entre agentes del régimen ordinario y simplificado, que dan lugar a indebidos descuentos del impuesto.
Es de advertir que en el presupuesto de la Nación de este año no se contemplan los nuevos recursos para atender los gastos asociados al discutido plan nacional de desarrollo, a la reforma de la salud, las mejoras propuestas en calidad de educación, la protección de la primera infancia, una mayor inversión en el campo, provisión de recursos para apoyar la vejez, posconflicto, vías de cuarta generación, el metro de Bogotá, entre otros.
Diferencias de recaudos
Otro tema vital a revisar son los impuestos relacionados con la protección del medioambiente, los cuales son bajos, ya que las dos terceras partes provienen del uso de energía, que incluye el impuesto a los combustibles. El resto corresponden a los que genera la propiedad de automotores, que también afecta las finanzas de la Nación.
El tratamiento tributario a las entidades sin ánimo de lucro que se originan en la iniciativa privada para contribuir al interés general también ha sido analizado por la Comisión. Esta actividad la desarrollan personas que conforman la entidad o quien las crea, según su naturaleza. También se les denomina del tercer sector, pues no pertenecen al público ni al privado lucrativo y proporcionan bienes y servicios a la sociedad sin un fin de rentabilidad, por lo cual no se les ubica ni en el mercado ni en el Estado.
La misión también evalúa la estructura de ingresos de los gobiernos regionales, que tiene una importante influencia en el proceso de descentralización y que se ha profundizado con las regalías mineroenergéticas. Estas benefician hoy en un 100 % a los entes territoriales, pues las transferencias de la Nación a los departamentos y municipios representan cerca de la mitad de sus ingresos totales.
El impuesto predial unificado, otro tema a revisar, tiene variadas falencias en su diseño y operatividad. La primera es la elevada heterogeneidad en criterios para fijar parámetros del tributo dentro de los rangos permitidos por la ley; la segunda está compuesta por las dificultades metodológicas y operativas para mantener un catastro actualizado; y la tercera incluye las diferencias de recaudo y fiscalización entre municipios.
Desde hace muchos años se han hecho esfuerzos continuos para una verdadera reforma tributaria, pero no ha sido posible lograrla. La esperanza es originar un nuevo futuro tributario, que administre y controle los ingresos, gastos e inversiones del país.
Los hechos muestran que se requieren cambios urgentes para llegar a una positiva gestión tributaria, que no dependa de la subordinación de las fuentes de los ingresos petroleros, por lo cual el Estado debe apoyarse en la aplicabilidad de las ciencias administrativas, contables, económicas, las ingenierías y sus diferentes herramientas técnicas y científicas.
Por ejemplo, es ilógico que se tengan que manejar dos contabilidades en las empresas, una tributaria y una de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las normas de aseguramiento y control.
Esta comisión deberá considerar tales temas con la participación de profesionales de distintas áreas, pero especialmente de la contaduría pública colombiana, buscando consensos que faciliten la aprobación de esta urgente reforma basada en una efectiva administración y en el manejo adecuado de las finanzas y con los controles requeridos, que deberán ser vigilados por todos los colombianos.
POR: LUIS CARLOS BELTRÁN PARDO,
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